Esta es la más reciente ronda entre los sindicatos laborales y dos grandes empresas de diálisis. Quizá recuerde la Propuesta 8 en 2018, la cual habría requerido que esas empresas ofrecieran reembolsos por sobrecargos previos a muchos de sus pacientes. La medida no fue aprobada después de que sus oponentes invirtieron más de $111 millones para derrotarla.
Ahora, la Propuesta 23 tiene a los mismos personajes enfrentándose nuevamente en otra batalla épica en la boleta electoral. La medida comprende cuatro aspectos: primero, requerirá a las clínicas ambulatorias de diálisis tener al menos un doctor autorizado y disponible durante el tratamiento a los pacientes; segundo, las clínicas tendrán que proveer reportes semestrales de infecciones por causa de diálisis a organismos independientes; tercero: prevendrá la discriminación de pacientes basada en su forma de pago y, finalmente, cualquier clausura de clínica requerirá una aprobación del gobierno estatal.
Las organizaciones laborales que patrocinan la propuesta son el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y los Trabajadores Médicos Unidos del Oeste, SEIU-UHW, por sus siglas en inglés. Su contraparte la financian las compañías DaVita y Fresnius Medical Care, las cuales insisten que dicha propuesta comprometería el acceso a cuidados médicos a miles de pacientes de diálisis y empeoraría la escasez de doctores en California.
En resumidas cuentas, si está de acuerdo en que las clínicas de diálisis sean objeto de reglamentos adicionales, entonces vote sí por la Propuesta 23. Si prefiere dejar las clínicas como están, vote no.